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14-05-2014
 
Obligan a Google a respetar el "derecho al olvido"
 
El Tribunal del Justicia de la Unión Europea consideró que los ciudadanos tienen el derecho a ser "olvidados" en internet, lo que significa que podrán reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que los perjudican y que ya no son pertinentes.

 
 El español Mario Costeja se convirtió en impulsor del llamado "derecho al olvido" en Internet, después de que el TJUE le diera la razón al exigir que se quite del buscador un enlace a una información que lo perjudicaba.

La resolución judicial establece que Google es un motor de búsquedas pero que además trata la información, y exige que en ciertas situaciones se retiren los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si dañan al ciudadano y ya no son pertinentes, pero con la consideración de que cada caso será estudiado por separado.

El fallo matiza el dictamen del pasado 25 de junio del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Niilo Jääskinen, que había considerado que Google no era responsable de los datos personales incluidos en páginas web a las que remite su servicio de búsqueda.

Joaquín Muñoz, abogado de Mario Costeja, explicó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea opina que Google sí trata los datos que indexa y exige que, en determinados casos, se tienen que atender las solicitudes de los usuarios para no enlazar información que los perjudique cuando las búsquedas incluyen sus nombres y apellidos.

Muñoz explicó que incluso en el caso de que la fuente en la que se publicó el contenido no lo retire, y hasta en aquellas situaciones en las que la información es lícita, no se podrá indexar si se ve perjudicado el ciudadano, que tiene derecho a decidir quién trata o no sus datos.

El abogado recordó que hasta el momento no había jurisprudencia sobre un caso abierto ya hace seis años y que resulta muy novedoso.

La resolución responde a cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional en España que tenía dudas sobre cómo interpretar la normativa europea sobre protección de datos y decidió consultar al Tribunal de Justicia de la UE con motivo de un litigio entre Google y la Agencia de Protección de Datos española.

La Audiencia Nacional es la que tiene que resolver ahora el recurso tomando en consideración las recomendaciones vinculantes del tribunal europeo.

A la espera de resolverse están otros doscientos casos similares que probablemente se solucionen ahora en cadena.

El afectado, Mario Costeja, denunció que en 1998 un diario español de gran tirada, La Vanguardia, publicó en su edición impresa dos anuncios relativos a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social, que luego se digitalizaron.

En noviembre de 2009, esta persona se contactó con la editorial del diario y explicó que al introducir su nombre y apellidos en Google aparecía un enlace a las páginas que incluían los anuncios, y pidió que las retiraran, dado que el embargo estaba solucionado y carecía de relevancia en aquel momento.